A propósito
de las declaraciones del Senador Cristian Vial respecto de la Reforma
Constitucional presentada por el presidente Kast sobre seguridad nacional y
territorial, el referido parlamentario afirmó que, si una modificación
constitucional de similares características hubiese sido presentada por la excandidata
presidencial Jeannette Jara, él la habría rechazado.
Llama la
atención que se formule un juicio a
priori sin que necesariamente medie una lectura, análisis y comprensión
detallada de su contenido de dicha propuesta. Una conducta de esta naturaleza
podría dar cuenta de la prevalencia de una mirada dogmática e ideológica por sobre
un ejercicio de deliberación que, por su investidura, debiera estar sometida a un
análisis crítico, jurídico y democrático que considere el bien común y no
solamente los intereses de un sector político en particular.
En este
contexto, las palabras esgrimidas por Vial adquieren una especial relevancia. No
estamos frente a una persona cuya trayectoria se haya desarrollado exclusivamente
en espacios políticos partidarios, sino ante un actor relevante en el Ejército
de Chile que, durante su trayectoria militar llegó a ocupar cargos de relevancia
institucional, alcanzando el grado de General de División.
Y aquí
viene lo especialmente preocupante: la mirada expresada por Vial, no parece
constituir un fenómeno completamente aislado. A ellas, se suman miradas y
posiciones políticas particularmente similares de otras personas vinculadas al
mundo de la defensa nacional o de la seguridad pública, entre ellas la del
General (r) Bassaletti, el Almirante (r) Kenneth Pugh o el Cabo Zamora.
Mas allá
de las posiciones políticas que legítimamente todo ciudadano puede sostener, lo
relevante es preguntarse por qué determinados sectores ligados a las Fuerzas Armadas
continúan manifestando ideas y concepciones ideológicas estrechamente
vinculadas con la tradición heredada por la dictadura cívico - militar
encabezada por Augusto Pinochet.
El
problema, entonces, no radica en las posiciones que un ex uniformado pueda
tener. En toda sociedad democrática, toda persona tiene el derecho de expresar
sus ideas, posiciones o visiones de la sociedad y participar en el debate público.
La preocupación surge cuando, dentro de instituciones vinculadas a la defensa
nacional aparecen espacios para su reproducción y legitimización que
trascienden a relaciones profesionales o de subordinación, que corresponden a
estas instituciones en un régimen democrático.
A raíz
de lo expresado anteriormente, resulta pertinente preguntarse si la llamada “Doctrina
de Seguridad Nacional” continúa operando, aunque sea de forma solapada en estas
instituciones.
Para contextualizar,
la Doctrina de Seguridad Nacional fue un conjunto de ideas y practicas
militares llevas a cabo en Latinoamérica durante la guerra fría, bajo el alero
e influencia de Estados Unidos. Esta doctrina,
postulaba la idea de la existencia de un “Enemigo Interno” considerado una de
las principales amenazas para la seguridad y estabilidad del Estado. Bajo este
ideario, personas vinculadas al comunismo, movimientos sociales y disidencias políticas
podían ser consideradas amenazas para el orden institucional.
La idea
no es tratar de afirmar que toda posición favorable a la seguridad sea un signo
de pinochetismo. Tampoco resulta pertinente sostener que personas vinculadas al
mundo uniformado deban ser privadas del legítimo derecho ciudadano a expresar
sus ideas y participar del debate público. La cuestión es más profunda: debemos
preguntarnos hasta donde determinadas ideas sobre el orden, la seguridad y la amenaza
interna continúan presentes en sectores que históricamente estuvieron vinculados
a una institución que, durante la dictadura tuvieron un papel central en el
ejercicio del poder.
En este
sentido, las declaraciones de Vial suponen abrir cuestionamientos que trascienden
su propia persona. Durante los gobiernos de la Concertación, especialmente
durante la década de 1990 y comienzos de los 2000 hubo importantes esfuerzos
por reparar, reconocer y establecer la responsabilidad de Estado frente a las
violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, ese proceso de democratización
post-dictadura encontró espacios de resistencia y continuidad dentro de las Fuerzas
Armadas y de Orden.
Estos espacios
pudieron constituir terreno fértil para la continuidad, reproducción y
legitimización de ideas que vemos hoy reflejadas al menos parcialmente en las
palabras del General Vial entre ellas un anticomunismo, que en determinados
casos supone guardar sintonía con esta doctrina.
Para finalizar,
resulta legítimo preguntarse qué formación doctrinaria están recibiendo los
estudiantes de las distintas escuelas de las Fuerzas Armadas y de Orden, qué
lugar ocupan la Democracia, los Derechos Humanos y la subordinación al poder civil,
y como estas instituciones entienden su papel dentro de una sociedad democrática.
Porque
una democracia no se consolida únicamente con a través de reformas legales o el
reemplazo de autoridades. También nos obliga a revisar críticamente aquellas
culturas institucionales o doctrinarias y concepciones del poder que
eventualmente pueden sobrevivir incluso mas allá de que el régimen haya
terminado.
